Antes del 25 de septiembre sabremos quienes son las y los candidatos para la gubernatura de Quintana Roo y la presidencia municipal del controvertido municipio Benito Juárez. Mientras eso sucede hay un tema central que debe estar en las agendas de todas y todos los candidatos que se precien de tener visión de futuro: la violencia y la delincuencia en Quintana Roo. No hay discurso político sin la frase "estado de derecho", y sin embargo, no ha habido reforma y políticas públicas para que se imparta justicia con honradez y dignidad.
Hoy la cárcel de Benito Juárez está sobrepoblada , a tal grado que resulta imposible tener la seguridad deseada por toda víctima de cualquier delito, desde la violencia familiar, el robo y la violación: que el delincuente pague por su delito en prisión.
No hay cárcel de mujeres, la reconstrucción y ampliación del CERESO, al igual que la esperanza de una lucha abierta contra la delincuencia, quedaron inconclusas. Con la cárcel llena, con un nuevo director de Policía que no sabe nada de Seguridad Pública ¿Qué nos espera?
Vale preguntar ¿ A qué hora o en que proceso electoral nos tocarán gobernantes con un proyecto realista y factible para prevenir, castigar y bajar índices de violencia y delincuencia en Quintana Roo.
Ideas sobran, voluntad falta.
Ya el profesor Alfonso Quiroz Cuarón dijo que en el tratamiento del delincuente está la prevención del delito futuro. Por sexenios completos hemos escuchado y acatado soluciones parciales a los problemas de seguridad pública, pero ya nos hace falta un gobierno que tenga la capacidad, el conocimiento y la iniciativa para estructurar un verdadero sistema de impartición de justicia. Es pueril cargar la responsabilidad en los hombros de un Ministerio Público impreparado sin hablar sobre un régimen penitenciario adecuado.
La ley establece que la readaptación social es el objetivo de nuestro sistema penal, las cárceles se denominan CERESOS (Centros de Reahabilitación Social) aunque en realidad no son más que sitios en los que se contiene, mientras el paupérrimo presupuesto lo permite, a los criminales, privándolos de su libertad. Se debe contener al infractor para proteger a la sociedad, pero si no se crea un verdadero sistema de rehabilitación, las prisiones no son mas que caldos de cultivo de violencia y criminalidad, que abren sus puertas cada tanto que hay sobrepoblación interna, sin controles, con graves consecuencias.
Le urge a Quintana Roo que se trabaje en la prevención de la violencia. Urgen gobernantes que al hablar de impartición de justicia, actúen también de prevención del delito y tratamiento del delincuente, y que se lo haga con conocimiento de causa, basado en un análisis jurídico penitenciario, que precise derechos y obligaciones, tanto de los sentenciados, como de las autoridades responsables. El artículo 18 constitucional habla sobre la capacitación, educación y trabajo como instrumentos para la readaptación de los criminales.
Cualquier día es bueno para comenzar a cambiar de raíz, porque de otra manera nuestro estado seguirá siendo un remedo de democracia conducido por gobernantes que roban, que ejercen violencia y mienten. Un estado que se sostiene sobre los pilares de la corrupción y el influyentismo, donde delincuentes de cuello blanco pertenecen a la alta sociedad y nada, más allá del chisme, sucede con ellos. Un estado donde el intento de asesinato de un hombre hacia su esposa no es castigado; un estado donde empresarios hoteleros compran jueces y sacan de prisión a delincuentes peligrosos, un estado donde extranjeros corruptos infunden miedo y calumnian a mexicanos y con dólares compran medios y destruyen reputaciones. No queremos un estado cooptado por el narco y el crimen organizado. No más un Municipio y un estado en donde la línea sea tan fina entre el poder del gobierno y el del lavado de dinero que ya nadie se ocupa en investigar el origen de los "apoyos políticos".
Los hechos políticos del " Agosto negro de Cancún " nos dieron la pauta: las y los líderes empresariales y políticos han sido, en diferentes medidas, cómplices de esta crisis política y social. A seis meses de las elecciones, con las cárceles llenas y las arcas vacías, sin liderazgos con credibilidad, y con una policía municipal cooptada por la corrupción, ya nadie debería guardar silencio. Es momento de tomar medidas, de rescatar la visión de futuro, que sin paz social, llevará irremediablemente a Cancún a la inseguridad y el desprestigio.
Ninguna economía subsiste sin paz social, nunca el turismo ha generado desarrollo social y económico sin la congruencia y el compromiso de sus líderes en el bienestar comunitario.
Nunca un mejor momento para replantear el tema de impartición de justicia y combate a la corrupción. ¿Habrá líderes con la inteligencia para entenderlo? Ver para creer ¿usted qué opina?
Lydia Cacho
cacholydia@yahoo.com
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