En las pasadas tres décadas, la Población Económicamente Activa (PEA) creció
en 30 millones 285 mil 998 personas, mientras sólo se gen

eraron 11 millones
218 mil 961 plazas laborales, lo que llevó el desempleo acumulado a 19
millones 67 mil 37 personas.

Un diagnóstico de la Universidad Obrera de México (UOM), elaborado por la coordinadora del Area de Investigación de esa institución, Laura Juárez Sánchez, destaca que del 1 de diciembre del 2000 al 1 de junio de 2002, el déficit de generación de empleos ascendió a dos millones 121 mil 228.

En tanto, segœn el Manual de Cuentas Nacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la economía informal está conformada por aquellas personas que laboran como vendedores ambulantes, artesanas, transportistas, prestación de servicios domésticos, así como el sexo-servicio.

En ese sentido, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala que en México existían en el año 2000, 25.5 millones de personas empleadas en la economía informal, de las cuales 17 millones eran hombres y ocho millones 500 mil mujeres.

Pero hay otra economía denominada subterránea, que no es considerada estadísticamente, pues se relaciona con actividades ilícitas, tales como la producción y tráfico de drogas, la piratería, evasión fiscal, la usura, la
reventa de boletos, el comercio y transporte de mercancías de contrabando, entre otras.

NO ALCANZA EL SALARIO
La Encuesta Nacional de Empleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), señala que entre 1993 y 2000 la población ocupada que recibía hasta 103.2 pesos diarios, equivalente a tres salarios mínimos, pasó de 25 millones 135 mil 674 personas a 28 millones 374 mil 359.

Es decir, aumentó la población ocupada que no puede acceder a una Canasta Básica Indispensable (CBI), equivalente a cuatro salarios mínimos.

En ese sentido, en su diagnóstico titulado: Se desvaloriza el trabajo, se desvaloriza la vida..., Juárez Sánchez revela que el número de mujeres ocupadas que recibían hasta tres salarios mínimos o no percibían ingresos
por su trabajo, pasó de ocho millones 165 mil 128 personas en 1993, a 10 millones 452 mil 538 en el 2000.
Juárez Sánchez indica que el nœmero de mujeres ocupadas que no cuentan con seguridad social aumentó entre 1993 y 2000, al pasar de seis millones 342 mil 273 personas a ocho millones 338 mil 407, lo que significó un aumento del 31.5 por ciento.

En lo que se refiere a prestaciones de Ley, también aumentó la cantidad de personas que carecen de seguridad social (IMSS o ISSSTE), no recibieron aguinaldo, vacaciones pagadas, prima vacacional, entre otras, al pasar de cinco millones 929 mil 64 en el 93, a siete millones 626 mil 34, en el 2000.

Sumado a ello, la escasez de empleos y la amenaza latente de la desocupación, ha servido de presión a los patrones para reducir los derechos de la clase trabajadora.

Con ello, quienes no han sido despedidos o que lograron colocarse en el mercado laboral, han visto violentados sus derechos laborales, humanos, sociales y de género, debido a que la mayoría de los trabajos existentes son precarios.

Así, la reestructuración económica a la que ha sido sometida la economía mexicana, ha generado un desempleo creciente y no recuperable. Hoy, asume características alarmantes, debido a que año con año, la demanda de empleo generado por el crecimiento de la Población Económicamente Activa (PEA), no es atendida.